Más de 50.000 penas por delitos de tráfico no llegarán a cumplirse
La Administración desborda su capacidad de gestión y prevé que muchas de las penas impuestas por haber cometido un delito de tráfico se quedarán sin cumplir, en especial las consistentes en trabajos en beneficio de la comunidad. El problema radica en la inexistencia de plazas suficientes para cubrir el total de condenas impuestas, lo que supone que la pena acabe prescribiendo. Por esta razón más de 50.000 penas están sin cumplir por falta de medios o lo que es lo mismo, el 80% de las condenas por delitos de tráfico no llegarán a ejecutarse.
Desde que se reformó el Código Penal en 2007, con el fin de introducir delitos contra el Tráfico, se han dictado unas 60. 000 penas de trabajos en beneficio de la comunidad. Sin embargo, frente a ese número de sanciones, según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en enero de 2009 había un total de 11.404 plazas ofertadas para realizar trabajos en beneficio de la comunidad en toda España, excepto en Cataluña, donde el número de plazas era de 3.600, una cantidad insuficiente para cubrir las necesidades existentes.
La misma situación se repite en el proceso de cobro de una multa: la propuesta de rebaja de un 50% por el pago de una multa en vía voluntaria, obedece, en buena parte, a las dificultades recaudatorias que tiene que soportar la Administración para poder realizar sus cobros, de modo que prefiere le paguen un 50% de la multa y de este modo ahorrarse la vía ejecutiva.
Por otro lado los ciudadanos también nos vemos en ocasiones desbordados, actualmente por las constantes reformas relativas a la seguridad vial: no hemos tenido tiempo aún de llegar a familiarizarnos con la nueva Ley de Seguridad Vial y nos la vuelven a reformar o se recrudecen las medidas que se están adoptando con el Código Penal en la mano. En este sentido se imponen, entre otras, condenas de prisión de hasta cinco años o períodos inferiores por conducir temerariamente, es decir: ebrios o a excesiva velocidad o también por negarse a soplar, aún cuando no se hubieren causado daños o lesiones concretas a bienes o personas.
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